¿Mi estatus migratorio afecta un reclamo por lesiones o por muerte por negligencia?

En una demanda civil por lesiones personales o por muerte por negligencia (en inglés, wrongful death), el estatus migratorio de una persona no se admite como prueba. Tampoco se permite investigar el estatus migratorio de una persona durante el intercambio de información entre las dos partes antes del juicio (en inglés, discovery). La ley dice “una persona”, así que no se limita a quien presenta la demanda. La sección trata de las pruebas y de ese intercambio de información. No contiene ninguna frase sobre cómo se calculan los daños. Este sitio no tiene verificada ninguna decisión judicial publicada que aplique la sección.

La misma sección dice que no cambia las normas de relevancia, de admisibilidad ni de intercambio de información de otras cuatro leyes de California. Esas cuatro leyes están escritas para las leyes laborales, de empleo, de derechos civiles, de protección al consumidor y de vivienda.

En 2010, la Corte Suprema de Texas decidió un caso de muerte por negligencia que surgió de un choque. La corte del juicio había dejado que el jurado escuchara que el chofer de camión demandado había entrado al país sin autorización legal y había sido deportado. La Corte Suprema decidió que admitir esa prueba fue un error perjudicial y ordenó un nuevo juicio. El estatus en cuestión era el de un chofer demandado, no el de una persona lesionada. La decisión aplica las reglas generales de prueba a los hechos de ese caso. No anuncia una regla que diga que el estatus migratorio nunca es admisible. No decide si el estatus se puede mostrar en un reclamo por ingresos futuros perdidos.

Las Reglas de Evidencia de Texas tienen una regla general que no menciona el estatus migratorio. La corte puede excluir una prueba relevante si el peligro de un prejuicio injusto, entre otros peligros, supera de manera sustancial su valor como prueba.

En 2011, la Primera Corte de Apelaciones de Houston, que es una corte de apelaciones intermedia, revisó un caso de muerte por negligencia. Los demandados querían que el jurado escuchara que el trabajador que murió estaba en el país sin autorización legal, para reducir el reclamo por ingresos futuros perdidos. La corte del juicio dejó fuera esa prueba y la corte de apelaciones confirmó. Dijo que la prueba tenía alguna relevancia para los ingresos futuros perdidos. También dijo que el valor de esa prueba era pequeño y especulativo si no se mostraba que el trabajador probablemente habría sido deportado durante su vida de trabajo, y que su efecto de prejuicio era grande. Concluyó que dejar fuera la prueba estaba dentro de la discreción de la corte del juicio en ese caso. Dijo que estas decisiones cambian de un caso a otro.

En los casos civiles, la prueba del estatus migratorio de una parte o de un testigo no es admisible, a menos que el estatus migratorio sea un hecho esencial para probar un elemento del reclamo de una parte. Este sitio no tiene verificada ninguna decisión publicada que aplique esta parte de la regla en un caso civil.

La regla tiene dos excepciones, y las dos se tratan después del juicio, por medio de una moción. En ellas, la prueba del estatus migratorio se puede presentar a la corte. Una es cuando una parte que tiene una orden final de deportación (en inglés, final order of removal) en un proceso de inmigración recibió daños por ingresos futuros perdidos. La otra es cuando a una parte se le otorgó la reinstalación en su empleo. Así, en la primera situación, el estatus todavía puede importar después de un veredicto.

Cada vez que una parte quiere usar o presentar prueba del estatus migratorio, la corte debe revisar esa prueba en privado (in camera).

El estatus migratorio de un menor de edad que busca una compensación bajo cualquier ley aplicable es irrelevante para las cuestiones de responsabilidad y de reparación. La sección tiene una excepción, para órdenes de la corte sobre conducta futura, relacionadas con el empleo, que violarían directamente la ley federal.

En 2003, la corte de apelaciones de Tyler decidió el caso de un trabajador lesionado que no era ciudadano de los Estados Unidos y no tenía autorización para trabajar. La corte dijo que la ley de Texas no exige ciudadanía ni permiso de trabajo migratorio como condición para recuperar daños por la pérdida de la capacidad de ganar ingresos. Es una corte de apelaciones intermedia, no la Corte Suprema de Texas.

En 2012, la corte de apelaciones de Dallas revisó el caso de tres hermanos lesionados en un choque con un camión con remolque. Se les habían otorgado salarios perdidos y daños por la pérdida de la capacidad de ganar ingresos. Para la apelación, las partes aceptaron que los hermanos estaban en los Estados Unidos sin autorización legal. La corte concluyó que una ley federal de inmigración, conocida como IRCA, no desplaza la ley de daños civiles de Texas en el contexto de ese caso, es decir, no pasa por encima de ella. La corte confirmó. El demandado no tenía relación de empleo con los hermanos. La misma corte reconoció que las cortes no son uniformes en este punto. Es una corte de apelaciones intermedia.

En 2010, antes de que se adoptara la Regla de Evidencia 413, la Corte Suprema de Washington decidió el caso de un trabajador que se lesionó al caer de una escalera y pedía ingresos futuros perdidos. La corte del juicio había admitido prueba de que era indocumentado. La Corte Suprema decidió que el estatus es relevante para los ingresos futuros perdidos. También decidió que el valor como prueba del estatus de indocumentado, por sí solo, queda superado de manera sustancial por el peligro de un prejuicio injusto, y revocó. La corte dijo que no tenía ante sí la pregunta de si el estatus migratorio impide recuperar ingresos futuros perdidos.

La ley de muerte por negligencia de California nombra a quienes pueden presentar el reclamo según su relación con la persona que murió: el cónyuge sobreviviente, la pareja doméstica, los hijos y los descendientes de hijos que ya murieron, después las personas que heredarían según la ley cuando no hay testamento, y ciertos dependientes. El representante personal de la persona que murió puede presentarlo a nombre de ellos. El texto de la sección no contiene las palabras que en inglés significan inmigración, ciudadano o extranjero.

Un reclamo que sobrevive a la muerte de una persona puede presentarlo el representante personal de la sucesión o, si no lo hay, el sucesor en interés de esa persona. El texto de esta sección tampoco contiene esas palabras.

Una demanda por muerte por negligencia es para el beneficio exclusivo del cónyuge sobreviviente, los hijos y los padres de la persona que murió, y ellos pueden presentarla. Si ninguno de ellos la ha iniciado dentro de tres meses calendario después de la muerte, el albacea o administrador debe presentarla, a menos que todos ellos pidan que no se presente. La sección no hace referencia al estatus migratorio ni a la ciudadanía.

Una demanda por lesiones personales sobrevive a la muerte de la persona lesionada, a favor de sus herederos, sus representantes legales y su sucesión. La sección no hace referencia al estatus migratorio ni a la ciudadanía.

Otras dos secciones del mismo capítulo sí mencionan la ciudadanía o la residencia legal. Las dos tratan de dónde se puede oír un caso. Una se aplica cuando el acto que causó la muerte o la lesión ocurrió fuera de Texas, y pone una condición sobre tratados para el ciudadano de un país extranjero. La otra trata de cuándo una corte puede suspender o desestimar un caso para que se oiga en otro lugar, y usa las palabras “residente legal de este estado”. Ninguna de las dos secciones nombra el estatus migratorio. Este sitio no investigó cómo leen las cortes de Texas estas dos secciones.

El representante personal presenta la demanda por muerte por negligencia para el beneficio del cónyuge, la pareja doméstica registrada ante el estado y los hijos, incluidos los hijastros, de la persona que murió. Si no hay ninguno de ellos, la demanda puede mantenerse para el beneficio de los padres o los hermanos. Las secciones actuales no hacen referencia al estatus migratorio, a la ciudadanía ni a la residencia.

Antes del 28 de julio de 2019, los padres y los hermanos solo calificaban si dependían de la persona que murió para su sustento y vivían en los Estados Unidos al momento de la muerte. Una ley de 2019 quitó las dos condiciones, y se aplica también a los reclamos que todavía no habían vencido por el plazo. La condición anterior era de residencia en los Estados Unidos. No era un requisito de estatus migratorio.

Una persona no puede ser objeto de un arresto civil dentro de un edificio de la corte mientras asiste a un procedimiento de la corte o tiene un asunto legal en ese edificio. La sección no se aplica a los arrestos hechos con una orden de arresto judicial válida. El texto habla del edificio de la corte, no del camino de ida y vuelta, y no menciona la inmigración.

Las partes y los abogados deben dejar los números de Seguro Social fuera de los documentos que se presentan al expediente público de la corte, o tacharlos. Si se requiere un número, solo se pueden usar los últimos cuatro dígitos. La regla protege la privacidad. No dice si algún documento requiere un número.

En una demanda civil presentada en una corte de distrito, una corte de condado u otra de las cortes que nombra la sección, el primer escrito de cada parte debe incluir dos datos. El primero son los últimos tres números de su licencia de conducir, si se le ha emitido una licencia. El segundo son los últimos tres números de su número de Seguro Social, si se le ha emitido uno. La corte puede ordenar que el escrito se corrija para agregar esa información, y puede declarar en desacato a la parte que no lo corrija como se le ordenó. Este sitio no ha verificado cómo trata una corte el primer escrito de una parte que no tiene número.

Una regla de la corte trata los números completos de Seguro Social y otros números parecidos de identificación del gobierno como datos sensibles. Con algunas excepciones, un documento que contiene datos sensibles no se puede presentar a una corte si esos datos no están tachados. Una excepción es cuando una ley, una regla de la corte o un reglamento administrativo exige específicamente esos datos.

Ninguna persona está sujeta a un arresto civil mientras va a una instalación de la corte, permanece en ella o regresa de ella, lo que incluye el área dentro de una milla de la instalación. Hay tres excepciones. La primera es cuando el arresto se hace con una orden de la corte que lo autoriza. La segunda es cuando el arresto es necesario para la seguridad inmediata de los jueces, del personal de la corte o del público. La tercera es cuando las circunstancias permiten de otro modo un arresto sin orden según RCW 10.31.100.

Los jueces, el personal de la corte, la seguridad de la corte, los fiscales y su personal no pueden preguntar ni reunir información sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de una persona, ni sobre su lugar de nacimiento. La excepción es cuando esa información tiene conexión con la investigación de un delito estatal o local. Un juez sí puede hacer las preguntas necesarias para decidir los asuntos de su jurisdicción. Las mismas personas no pueden dar información personal no pública a las autoridades federales de inmigración para la aplicación civil de las leyes de inmigración. Tampoco pueden avisarles que una persona está en la corte. Los dos límites tienen una excepción, cuando la ley federal o una orden de la corte lo exige. La ley no limita enviar a las autoridades federales de inmigración, ni recibir de ellas, la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona conforme a una ley federal, 8 U.S.C. § 1373.

Una regla de la Corte Suprema de Washington cubre a la persona que está dentro de una corte del estado por un procedimiento judicial u otro asunto con la corte, o que viaja hacia la corte o desde ella. Esa persona no puede ser objeto de un arresto civil sin una orden de arresto emitida por un juez.

Las partes no deben incluir números de Seguro Social en los documentos que presentan a la corte, y deben tacharlos si aparecen, a menos que sea necesario o que se ordene otra cosa. Si el número de una persona debe incluirse en un documento, solo se usan los últimos cuatro dígitos.